La sociedad misógina y Rita

El sexismo masculino puede rastrearse muy lejos. A tiempos bíblicos si se quiere. Abraham y Moisés como referentes obligados de los fundamentos de la sociedad patriarcal. Y aunque esta ahí en Los Libros, la Biblia, nunca o casi nunca se habla del papel crucial que jugaron las esposas de ésos dos patriarcas para que sus maridos asumieran las tareas que les había endilgado Yaveh, o Jehová o D., o como se prefiera. Sara y Séfora, impulsaron, presionaron, razonaron, chantajearon largándolos de la cama a sus esposos para que dejaran de eludir y asumieran su responsabilidad. Sin Sara y Séfora no hubiera habido Israel ni liberación de la esclavitud.
Los atavismos decimonónicos de la sociedad victoriana dejaron una huella tan profunda en las sociedades occidentales que todavía se arrastran penosamente hasta hoy.
Pero la primera posguerra mundial trajo consecuencias sustantivas, la mujer se incorpora a la guerra como enfermera y luego al mercado de trabajo. El combate por el sufragio propicia deshacerse de atavismos, se reconcilia con su cuerpo y lo muestra. Los locos veintes, le llaman. Veinte años después vuelve una guerra mundial, la mujer de la casa a las fábricas de aviones y barcos, a la guerra misma, a la resistencia. La ocupación nazi no era juego y sí era mortal. El fin de la segunda guerra hereda mujeres autosuficientes, que continuaron solas con la responsabilidad de los hijos. Llegará entonces el gran asalto a la educación superior, La sociedad conservadora de los años 50 saturada de macartismo y american way of life no frenaría el acceso a la educación superior ni a los puestos laborales. En el peor de los escenarios el ama de casa vendería artículos Stand Home y se haría de presupuesto propio. La guerra de Vietnam como catalizadora de protestas y las luchas por los derechos civiles de la negritud acuerparían y proyectarían las reivindicaciones feministas. La píldora anticonceptiva y la revaloración del cuerpo femenino con la minifalda aceleraron un proceso aletargado por centenas.
Los espacios marginales, ocultos, privados a los que había sido destinada la mujer siguieron siendo su dominio. La casa y la maternidad, más la profesión y la competencia. Mas la libertad económica y la autoridad derivada del aportar a la economía nacional y de la casa.
El hombre en cambio, ni se reconcilió con los espacios despreciados, el hogar, y sí tuvo que compartir e incluso competir con una nueva otredad profesional, la mujer. Es probable que la desorientación derivada de que los referentes, los símbolos y los roles que habían por siglos dado identidad a lo masculino han dejado o modificado su funcionalidad, sea parte de lo que explica de la disolución de la identidad masculina. De ahí la moda y adopción de una identidad andrógina, el ideal metrosexual.
Hoy día, en las clases medias la hoja de vida de un mujer estudiar, trabajar, casarse, reproducirse y luego de un tiempo volver al trabajo. Administra la casa, se encarga de los hijos, aporta al presupuesto familiar, es esposa, cocina y determina la dieta. En una palabra, es multidimensional. Si se divorcia, sigue haciendo lo mismo pero sola y eventualmente tiene una pareja. Se organiza y para todo tiene tiempo. A diferencia del hombre que, como decía Marcuse, es unidimensional.
Entonces, la sociedad masculina acusa una doble dinámica. Por un lado se desorienta, los referentes tradicionales de lo masculino han dejado de ser funcionales y la figura fuerte cambió y es cálida, amorosa. Al identificarse se feminiza. Por otro lado exacerba el prejuicio y rechazo tradicionales y alienta la reproducción de esquemas y patrones de comportamiento nugatorios de la mujer, que no necesariamente de lo femenino. Y en ese proceso participan hombres y mujeres. Basta tener como referente alguna preconcepción religiosa que niegue o desconfié de la mujer para, aun siendo mujer, reproducir los esquemas que la niegan. Se configura así una sociedad misógina.
La misoginia no como un cuerpo de ideas coherente entre sí, de hecho en buena medida la perdurabilidad de la misoginia se relaciona con las formas en las que se expresa. Anida en las creencias, sentimientos y valores prerreflexivos, todos ellos situados en los intersticios del sentido común.
De la mera hostilidad a la irracionalidad de negarla físicamente. A la indiferencia burocrática de su drama o dolor. La misoginia pasa por todas las expresiones de abierta hostilidad hacia las mujeres, a sus cuerpos, a sus ideas, a sus obras. La misoginia da cuenta de la subordinación, la crea y la refuerza a través de los claroscuros por los cuales la mujer y lo femenino se encuentran invariablemente por debajo del hombre y lo masculino.
En este país, la tercera parte de las mujeres del país ha sufrido violencia por parte de su pareja alguna vez en la vida; la quinta parte la sufre actualmente; dos terceras partes de la población femenina ha sufrido violencia alguna vez en la vida; el 66% de las mujeres muertas en zonas urbanas son resultado de violencia intrafamiliar. Si la mujer es indígena o en pobreza es mucho más probable ser objeto de violencia.
En febrero de este año la Maestra Rita María León López fue agredida mientras realizaba una investigación arqueológica en la ciudad de Orizaba (La Jornada Veracruz 25 octrubre 2009) de la cual se había responsabilizado avalada y acreditada por el INHA y cargo del dueño del predio sujeto a investigación.
Del día de su agresión, hasta hoy, la Maestra León López ha sido negada, despreciada, mal atendida por cuanta autoridad ha tenido que ver con ella. Desde doctores y enfermeras, ministerios públicos y, desde luego, las personas que le pidieron se hiciera cargo de la investigación. Su caso es paradigma de la misoginia en concreto. La negación de una sociedad -en distintas modalidades- del dolor, agresión, peligro, discapacidad de una mujer en concreto, con nombre y apellido. Su agresor con machete está libre por la inverosímil razón de ser menor de edad.
Mientras resuelve su diferendo con el INAH, ha hecho gestiones para obtener ayuda y soporte en el DIF estatal presidido por una mujer, Rosa Borunda de Herrera. Habló con mujeres, la directora Zita Pazzi y con Yolanda Martìnez López de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena. Nada ha pasado.
La realidad conspira contra ella, contra una mujer sola. Ya va siendo hora de que se abandone el refugio burocrático del escritorio, y se asuma la elemental responsabilidad que le corresponde al estado: defender a sus ciudadanos.

La fibra óptica como la madre de la liquidación

Hace dos semanas, los días 13, 14 y 15, en este espacio se decía que en el año 2008 los ingresos por ventas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron de 270 mil de millones de pesos, y sus costos de producción fueron de 213 mil millones de pesos.

Y que en la última década sólo se había permitido inversión privada en plantas generadoras para el consumo nacional y para exportación bajo los esquemas de Productor Independiente (PI), el de Autoabastecimiento y el de Cogeneración. Decíamos también que por negarse a invertir, 38 por ciento de la electricidad nacional era producida el año pasado por empresas extranjeras; que los PI sólo se les permitía utilizar como energético el gas natural, y que a la CFE se le obligaba comprarles a los productores independientes para después venderla a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Que ésa era la causa real de la baja eficiencia de LFC y no el costo del contrato colectivo de trabajo, como inicialmente dijo FCH en su mensaje televisivo y repetido en distintas ocasiones durante las dos semanas recientes.

Señalamos el desorden y la precipitación de la administración de Felipe Calderón como una debilidad adicional para la paz relativa. Días despúes se supo que el gobierno federal había negado información diagnóstica sobre LFC argumentando motivos de seguridad nacional. La información contenida en los documentos Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en el Diagnóstico de Luz y Fuerza fue dada a conocer ayer por la Secretaría de Energía (Sener).

Ahora, la propia Sener publica que alertó que los costos asociados a esta propuesta de liquidación “desafortunadamente son inevitables”, y que la liquidación de 44 mil 600 trabajadores podría implicar riesgos de disturbios.

Ahora sabemos por el propio gobierno que conocían que el origen de las distorsiones no era el SindicatoMexicano de Electricistas (SME), que el costo de la liquidación era prohibitivo y que, con todo, de todos modos el gobierno decidió ir por delante apoyándose en la ocupación militar de las instalaciones de LFC. La nota de Enrique Méndez, publicada ayer en La Jornada, hace un buen recuento de los hechos y las omisiones deliberadas del gobierno federal. El 13 de octubre mencionamos en este espacio lo que era medianamente evidente: desarticular al SME apuntaba más a poder enajenar el tendido de fibra óptica sin problemas que a cualqiera de los argumentos falaces articulados por el gobierno federal.
Los costos la liquidación de la empresa serán sustantivos. De hecho hacen nugatorios todos los argumentos esgrimidos por FCH. Fundamentalmente por el pasivo laboral. Lo irracional es que se obligaba a CFE a comprar energía eléctrica cara a productores independientes para vendérsela a LFC que, por su parte, cobraba el servicio más barato de lo que pagaba por él. Pero si eso no fuera suficiente, la CFE le venderá energía eléctrica barata a Guatemala, “gracias a las reservas con que cuenta la paraestatal (...) no sólo le va a dar electricidad, que necesita Guatemala y otros países, sino que, además, le dará electricidad más barata y mucho más accesible para los consumidores”. Suponiendo que fuera cierto lo que afirmó Calderón en Guatemala, queda el sabor amargo del porqué darle a una empresa pública mexicana energía cara y sí darla “barata” a países vecinos. En algún momento dijo por las importantes inversiones hechas en electricidad se ha permitido que la Comisión Federal de Electricidad “tenga incluso un margen de reserva, no sólo garante de lo que técnicamente se recomienda sino, incluso, con cierta holgura y suficiencia, que por momentos ha llegado a rondar el 40 por ciento”.
Entonces para qué obligar a la CFE a comprar energía de PI producida con combustibles caros (gas natural) y venderla también cara a LFC. Si hay hasta 40 por ciento de superávit energético, por qué no verderla barata a LFC.

Pero el dato sustantivo realmente está en una frase marginal del discurso de Calderón que apenas si mencionó de paso. Dijo que la interconección “que abre la puerta a la transmisión de voz y datos gracias a la fibra óptica”.

Hace un par de días la SCT dió a conocer que a mediados de noviembre se lanzará la convocatoria formal para el concurso de licitación que comprende 295 segmentos actuales de 19 mil 647 kilómetros, y 34 segmentos de alrededor de mil 739 kilómetros de fibra oscura, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Parece que una vez liquidada LFC, la SCT no deseara perder más tiempo y trabajara intensivamente para las crear pre-bases del proceso de licitación de fibra oscura, tanto la de la CFE como de LFC. En el medio sindical corre la especie de que el gobierno ya tiene concesiones con una empresa de los que son socios dos ex secretarios de Energía: Ernesto Martens Rebolledo y Fernando Elizondo Barragán.

Por lo pronto, el SME anunció que reiniciará el 30 de octubre la primera jornada civil de resistencia a escala nacional con plantones y cierres intermitentes de instalaciones públicas, así como la recolección de fondos económicos y víveres.

Calderón, nueva versión de polko mejorada

Entrevistado al día siguiente de su asistencia por minutos en la Cámara de Diputados, el secretario Javier Lozano calificaba el evento como penoso y a la actitud de los diputados como esquizofrenica. Una arrogancia no solo infundada, sino imprudente.
El Senado regresará a la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos. El aumento en la expectativa de los precios del petróleo y del déficit fiscal como instrumento de crecimiento económico están en puerta, lo que puede significar una vuelta en U a lo aprobado por los diputados.
Y no es que los señores instalados del gobierno sean estúpidamente insensibles a la realidad evidente, que lo son, sino que el compromiso que adquirieron no es con la población sino con los que los pusieron ahí. La oligarquía aborigen que no paga impuestos, por categorizarlos de alguna manera.
Los últimos días han sido prueba de los niveles de rijosidad y necedad en la que la camarilla en el poder ha llevado al país. Delicado momento.
Pero el tema trasciende la ya de suyo importante coyuntura recaudatoria. Felipe Calderón y su gobierno trabajan sistemáticamente a favor de intereses que no son mexicanos y, si acaso lo fueran, serían los de un puñado de oligarcas. Además de la dramática e irritante exención de impuestos a monopolios, está el caso de poderosas firmas transnacionales que experimentan con cultivos transgénicos a cielo abierto. Son seis y todas tienen presencia e intereses en México: Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow, Basf. Tales, son también líderes mundiales en la producción de agrotóxicos.
Desde hace unos 20 años los gobiernos mexicanos han desmantelando al agro nacional. Con ello han dado al traste con toda posibilidad de soberanía alimentaria. Es sabido, por otra parte, que los transgénicos representan asalto de esas corporaciones globales de a la soberanía alimentaria de todos los países. Un puñado de trasnacionales controla el mercado mundial de semillas transgénicas y sus patentes, han presionado a gobiernos de estructura institucional débil para convertir en ilegales los derechos ancestrales de los campesinos y campesinas a guardar y replantar semillas.
En septiembre del 2006, la doctora María Elena Álvarez-Buylla, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM denunciaba junto con el genetista Norman Ellstrand, de la Universidad de California que aunque los estudios para determinar si hay flujo de genes de maíz transgénico hacia las variedades criollas en México son contradictorios, existía la alta probabilidad de contaminación genética en "bajas frecuencias", lo cual haría más difícil detectarla. Pero en febrero de este año, un productor canadiense de canola, Percy Schmeiser, que, por lo demás, desde hace 10 años fue demandado por Monsanto, advirtió que cuando en un país se siembran organismos transgénicos, es inevitable la contaminación de los cultivos tradicionales, ejemplo de lo cual es que en su nación ya no hay semillas convencionales. Eso significa que uno de los países productores de granos más importantes del mundo depende ahora de las empresas productoras de transgénicos. Los agricultores deben adquirir de ellas todos los insumos, desde semillas hasta agroquímicos. El ejemplo empeora, después de 13 años de que en Canadá se realizan cultivos con transgénicos hay daños sustantivos al medio ambiente con el crecimiento de malezas y la pérdida de biodiversidad, además de que los costos de producción se triplicaron. En una década.
Hace tres años María Elena Álvarez-Buylla y Norman Ellstrand advertían llanamente que el maíz podría dejar de consumirse como alimento en México si los productores estadounidenses continúan modificándolo genéticamente con fines energéticos para obtener sustancias como el etanol. Al modificar genéticamente los cultivos existe la posibilidad de tengan que dejar de ser utilizados como alimento.
Hace unos cuantos días, el 20 de octubre, Sagarpa y Semarnat otorgaban, desde luego con el conocimiento y por instrucciones presidenciales, 15 permisos, de un total de 35 solicitudes recibidas, para la realización de siembras experimentales de maíz genéticamente modificado. Una semana antes se habían dado los dos primeros permisos. Ahora, de las 15 autorizaciones, nueve son para la empresa Monsanto y seis, para Dow Agro Science. Distribuidos en estados del norte de la república (Sinaloa, Tamaulipas y Sonora) todos los permisos son para siembras a cielo abierto, además.
En lo que puede interpretarse como una suposición estulta de funcionarios convencidos de que todos comparten su condicón, el secretario medioambiental Elvira Quezada dijo que ellos trabajan "sin dejarse influenciar por ningún tipo de presión, sino en apego a los tiempos que marca la ley, ya que lo más importante es dar a la sociedad la garantía de que se está haciendo el mejor de los trabajos". Para no desmerecer el director del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez, explicó que para establecer las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las siembras experimentales se tomaron en cuenta opiniones técnicas y científicas. Siendo a cielo abierto, habrá que suponer que el funcionario no está al tanto de que hay una algo llamado fauna que le da por comer y viajar y que tal fauna, que incluye aves e insectos, tiene el reprobable hábito de volar y esparcir semillas o polen.
Hace poco menos de un año, en el Primer Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería, la doctora Álvarez Buylla aludió a los riesgos que representa el maíz transgénico, por lo que México está obligado a proteger la biodiversidad del maíz en su centro de origen. No es una obligación moral, es por ley. que la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados de nuestro país establece claramente que México es el Centro de Origen y Diversidad de plantas como el maíz (lo que no ocurre con todas las especies), por lo que es necesario analizar el contexto social y económico del país antes de aplicar una tecnología.
Dado que el maíz es una especie con gran diversidad al tener una amplia dinámica genómica, el introducir genes a un centro de origen, en donde existe la casi la certeza de flujo génico, implica rangos de incertidumbre inaceptables y riesgos reales
Para el primer trimestre del año pasado, Monsanto había aumentado su facturación 2 mil 100 millones de dólares. Hugh Grant, jefe del consorcio, decía satisfecho que la parte más importante del año del negocio de Monsanto está aún por delante. Y era verdad, la compañía aumentó su superávit 42 por ciento en el tercer trimestre del ejercicio, hasta 811 millones de dólares, mientras la facturación se elevó hasta los 3 mil 600 millones de dólares. De dos años para acá, alrededor de 200 productores norteamericanos han sido objeto de demandas por parte de Monsanto porque, presuntamente, los jornaleros utilizaron sus semillas transgénicas sin haberlas comprado; no obstante, varios de estos casos ocurrieron por la polinización natural.
El Centro de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos realizó un reporte titulado Monsanto contra los productores estadunidenses’.EN el se afirma que para ubicar a los campesinos, la empresa realiza arduas investigaciones y ha dirigidop legalmente duras acusaciones que terminan por obligar a los agricultores a cambiar el modo de cosechar. Es una agresión a los procedimientos agrícolas tradicionales que han perdurado durante siglos”, se dice en el reporte.
Eso es Estados Unidos, contra agricultores norteamericanos y pese a la protección norteamericana a sus productores agrícolas.
No es difícil adelantar las políticas que una empresa así podrá imponer en México con las debilidades estructurales que arrastramos y con la connivencia oferente de las autoridades nacionales. De Calderón hacia abajo.
Por eso son de preocupar, y mucho, las declaraciones del presidente de Monsanto que en la reunión de Davos en febrero de este año habló del compromiso empresa para apoyar la formación tecnológica en México y mantener sus programas de investigación que coadyuven con el medio ambiente. Por lo pronto ya tiene 9 de 15 autorizaciones para operar en México.

Pasos inequívocos hacia el estado de excepcion con olor a incineso. II

Mil novecientos cincuenta y seis; el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), encabezado por Othón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, pedían y presionaban por un aumento salarial del 30%, el SNTE desoía las demandas de sus agremiados. La represión por parte del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines finalizó el movimiento.
Mil novecientos cincuenta y ocho, trabajadores ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo y Valentín Campa buscaban mejorar su situación económica. Fidel Velázquez descalificó a Vallejo y a su grupo. Se organizaron paros, huelgas y movilizaciones contra el gobierno. Fueron acusados de atentados a las vías generales de comunicación. José Agustín escribió sobre el movimiento ferrocarrilero: “…fue decisivo para el México moderno: en un principio robusteció al régimen y deprimió la línea represiva que privaría en los años sesenta; por otra, fue el inicio de protestas populares que, poco a poco generaron el contexto en que se dio 1968".
Antes, en 1966 la Universidad Nicolaíta se va a huelga estudiantil por el alza de precios en el transporte público; el ejército toma las instalaciones y el gobierno de Díaz Ordaz menciona por primera vez el fantasma de que los “agitadores” estaban coludidos con el extranjero, un año después en 1967, es ocupada la Universidad de Sonora.
Entre la revolución cubana, el levantamiento del Muro de Berlín y la crisis de los misiles, Díaz Ordaz estaba convencido de un complot internacional en contra de México instrumentado por fuerzas comunistas nacionales y extranjeras.
Durante todo el régimen post revolucionario, hasta la reforma política diseñada e instrumentada por don Jesús Reyes Heroles, el carácter policial y autoritario del Estado fie ejercido inexorable. Hasta la fecha. Al margen, desde luego, de la Constitución y de alternancias partidarias.
Ahora, el régimen de las garantías individuales, ya de suyo limitado de origen porque el Estado tiene preeminecia sobre el individuo, pretenden dejarlo sujeto a excepciones justificadas en el combate al crimen organizado.
La reforma penal de 2008 permite, en casos de delincuencia organizada la incomunicación de los detenidos y el arraigo hasta por 80 días sin orden judicial. Constitucionalmente. Respecto a dicha reforma, Amnistía Internacional dijo textual:
“La ambigüedad con la que se ha definido ‘delincuencia organizada’ y su régimen especial podrían facilitar la afectación de uno de los principios esenciales del derecho penal en un régimen constitucional moderno, como es el principio de legalidad especialmente en lo relacionado a la certeza de la ley”.
El año pasado la OEA y la ONU señalaron que la reforma penal mexicana era violatoria de tratados internacionales de derechos humanos.
La militarización real, no virtual, que vive México con más de 45 mil soldados en las calles demuestra la intencionalidad autoritaria real del régimen de Calderón. El nuevo instrumento jurídico pretende hacer de la represión algo legal, ahora apelando a “los intereses superiores” de seguridad nacional.
De hecho el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012 considera que los conflictos políticos y sociales son un riesgo para la seguridad nacional.
“1.4.3.1. Conflictos políticos y sociales. Existen riesgos asociados a la preservación de la gobernabilidad sustentada en la fortaleza del régimen democrático. Si los conflictos políticos y sociales desbordan los cauces de las instituciones democráticas hacia expresiones violentas, el país cuenta
con un marco legal para atender estas situaciones extremas”.
La polìtica de desarrollo es una mera formalidad para: “evitar que – dichos conflictos– se conviertan en Amenazas para la Seguridad Nacional”. .
En el contexto de los acontecimientos de la semana en curso, es altamente probable que un conflicto social pase del “riesgo” a la “amenaza”. Y así, el gobierno pasaría de la prevención a la represión. De hecho es algo que se hizo en el gobierno de Fox con Ignacio Valle y tambien se hizo en la persona de Jacinta Francisco Marcial.
Ignacio del Valle, dirigente del movimiento de San Mateo Atenco, fue sentenciado a 112 años de prisión que cumple en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid fue condenado a 36 años de prisión por su relación con el narcotráfico .
Jacinta Francisco Marcial, indígena, estuvo presa tres años por el “secuestro” de seis agentes de la AFI..
Recién en septiembre 17 fue declarada innocente por la PGR.
En el Programa de Seguridad Nacional 2009-2112 en el capítulo del marco jurídico (1.5) en el punto 1.5.2 B se dice: “El legislador ha procedido de esta manera para potenciar la capacidad del Estado Mexicano de concretar el fin último: preservar la Seguridad Nacional, por medio de actos que permitan detectar, prevenir, disuadir, contener y posibilitar la desactivación de estos antagonismos que pudieran implicar peligro grave para el Estado Mexicano”.
Lo grave, muy grave, es que no se dice cómo se configura “una amenaza” a la seguridad nacional; y quienes determinan si se configura o no, es un puñado de funcionarios gubernamentales sin supervisión ni sanción del Congreso. Así, cualquier disenso corre riesgo de ser considerado amanaza de seguridad por el sólo proceso valorativo de, en el mejor de los casos, un puñado de hombres empleados del presidente.
Los casos de Jacinta Marcial, Ignacio del Valle y Flavio Sosa son ejemplos paradigmáticos de que, en la democracia panista, el derecho a disentir es criminalizado.

Pasos inequívocos hacia el estado de excepcion con olor a incineso. I

En tres años, el perfil autoritario de Felipe Calderón ha sido sobradamente evidenciado. Desde sus aspiraciones de atributos y símbolos militares, sus fantasías bélicas, su política laboral y sus haigan sido como haigan sido.
Pero al margen de la aportación de material propicio para el escarnio o la ligera ironía, ha ido configurándose de forma bastante más seria la posibilidad de actuar bajo un régimen de excepción en el caso de las garantías individuales. Posibilidad que ha quedado concretada en el Decreto de Afectación a la Seguridad Interior (http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/04/asun_2565571_20090423_1240500429.pdf) el cual es parte de un paquete más amplio de iniciativas que Felipe Calderón envió al Senado en abril pasado.
La propuesta establece la obligada intervención de Ejército, Armada y Fuerza Aérea cuando se suponga riesgo a la seguridad nacional, la cual tautológicamente definen como“ la Seguridad Interior y la Defensa Exterior del Estado Mexicano”.
A las tres armas del Ejército se les bautiza como Fuerza Armada Permanente y se les otorga el derecho de “obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación” (???). Entre otras cosas, se les concede acceso a las averiguaciones previas “para la producción de inteligencia”.
El estado de afectación es determinado por el Consejo de Seguridad Nacional, el cual opera como lo establece la ley actual, presidido por el Ejecutivo e integrado por 11 secretarios de estado relacionados con la seguridad (SDN; PGR; SG). Dicho de otro modo, la posibilidad de borrar de un plumazo cualquier equlibrio democràtico posible, basado en criterios valorativos ajenos al escrutinio del congreso y, desde luego público. Todo quedará en manos de una grupo de funcionarios de altos vuelos dependitentes por completo del presidente. Mala cosa.
La iniciativa especifica que el Congreso de la Unión sólo será requerido a través de la Comisión Bicameral, formada por seis legisladores, para opinar sobre los casos en los que aplique dicha
norma.
Hoy, el régimen de suspensión de garantías individuales, sólo puede ser decretado con la aprobación del Congreso de la Unión (art. 29). Esto es así para dar un contrapeso fundamental que prevenga
medidas autoritarias del Ejecutivo en contra de las garantías individuales.
Y auquue la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional no menciona la suspensión de garantías de manera explícita, otorga la facultad de decidir la “magnitud de las medidas” al consejo conformado por instancias federales.
Esta iniciativa, es una pistola cargada apuntando a la cabeza que está a la espera de ser discutida y aprobada por lambas cámaras. Será el “instrumento legal” de la política de Seguridad Nacional presentada el pasado agosto.
La eufórica alternancia del dos mil que tanta espectativa causara, camina ahora silencita hacia una reforma de Estado en reversa, nugatoria del las garantías individuales que taimadamente van quedando envueltas y sujetas a excepciones “justificadas” por el combate al crimen organizado. En 2008, Amnistía Internacional aludió a la reforma de marras: “La ambigüedad con la que se ha definido ‘delincuencia organizada’ y su régimen especial podrían facilitar la afectación de uno de los principios esenciales del derecho penal en un régimen constitucional moderno, como es el principio de legalidad especialmente en lo relacionado a la certeza de la ley”